Desde 1997 se conformó la Red Mexicana de Trabajo Sexual (RMTS) como un frente para operar políticamente a favor de los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual. El pasado jueves 22 de julio la RMTS llevó a cabo de manera virtual su vigesimocuarto Encuentro Nacional. Compañeras y compañeros de los 27 estados que integran la Red se conectaron por Zoom y hubo oradoras de Chihuahua, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Veracruz y la CDMX.
Elvira Madrid, la presidenta de Brigada Callejera, inició la reunión señalando: “Algo que nos ha enseñado el covid es que no nos vamos a callar, y nos vamos a hacer más fuertes”. Y lo dijo con rabia, desde el dolor de la muerte de su marido, Jaime Montejo, en mayo del año pasado, pero fortalecida por las compañeras que la quieren, respetan y acompañan y que además siguen en pie de lucha en las zonas de trabajo sexual.
Ellas son, en palabras de Elvira, “compañeras que viven al día y no pueden quedarse en casa por la pandemia”, por lo que, aunque la demanda de los clientes ha bajado, han sido creativas y han desarrollado una oferta nueva: el coronasutra, con posturas que implican menos riesgo de contagio.
En este 24 encuentro el tema principal fue el impacto de la pandemia, que ha agravado los problemas y conflictos que persisten en el comercio sexual callejero: la seguridad, las extorsiones policiacas, judiciales y de los hoteleros, y la aplicación de una arcaica regulación sanitaria. Tanto la doctora Andrea González, directora de la Clínica Condesa, como la doctora Patricia Uribe, quien fue directora de Censida, han señalado en repetidas ocasiones que la regulación sanitaria unilateral, que sólo examina a las trabajadoras pero no a los clientes, es inoperante además de discriminatoria. Lo mismo declara el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (UNAIDS) que coordina las actividades de los distintos organismos de la ONU en la lucha contra el sida. En varias entidades federativas todavía se lleva a cabo la “regulación sanitaria” con “cartillas” que, si bien suelen ser efectivas en otros casos (como para la vacunación infantil), para quienes se dedican al trabajo sexual se han vuelto un mecanismo coercitivo, que no les garantiza derechos y que, además de ser ineficaz, principalmente es un negocio de algunas autoridades. Eso ocurre en Chiapas, donde el tarjetón de control sanitario tiene un costo de 400 a 600 pesos, además de que quincenalmente les cobran la revisión médica.
Además, las compañeras de Tuxtla Gutiérrez denunciaron a Gilberto Barrera Gaitán, director de la Preparatoria número 1 de esta ciudad, por el cobro indebido de acceso a los cuartos de la Zona Galáctica, que es el burdel creado por el gobierno, que opera legalmente. Las trabajadoras ya pusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Chiapas, pero todavía la autoridad no resuelve.
También se destacaron los problemas de las migrantes centroamericanas que recurren al trabajo sexual como forma de sobrevivencia. En Tapachula, donde Brigada Callejera abrió un Centro Comunitario que hoy lleva el nombre de Jaime Montejo, las activistas llevaron a cabo reuniones con distintos cónsules centroamericanos y reconocieron que el cónsul de Guatemala destaca por su compromiso y buena voluntad para ayudar a sus connacionales, a diferencia del de Honduras, cuyo desinterés y poca voluntad son sorprendentes. Los de Nicaragua y El Salvador se comprometieron a apoyar, pero habrá que ver si lo hacen.
En varias entidades federativas persiste el carácter criminalizador del trabajo sexual en algunas normas, como los “Bandos de Policía y Buen Gobierno”, que suelen caracterizarlo como una infracción. La activista feminista Amelia Ojeda relató el litigio jurídico vía amparo que en Mérida impulsó la asociación civil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) para modificar el artículo relativo a castigar el trabajo sexual. Unasse usó una argumentación que coincide con la de la jueza Paula María García Villegas, quien resolvió hace unos años el amparo relativo a la petición de licencia de trabajadores no asalariados que reclamaron unos grupos de trabajadoras sexuales callejeras de la Ciudad de México. Esta jueza argumentó “los derechos humanos al trabajo y a la igualdad contemplados en los artículos quinto y primero de la Constitución”, además de subrayar la importancia de respetar la libre elección de ese trabajo, pues no hacerlo “es inconstitucional”. En Mérida también se utilizó el artículo quinto para reivindicar el derecho al trabajo sexual y al ganar el amparo se logró que la policía ya no detenga a las trabajadoras callejeras.
Además de este importante triunfo, otras intervenciones giraron en relación con las víctimas de trata que son detectadas por las propias trabajadoras sexuales, a quienes las autoridades con frecuencia no les hacen caso.
En este 24 encuentro también participaron el licenciado Raúl Albores, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la doctora Andrea González, de la Clínica Condesa, ambos con intervenciones muy claras respecto a la necesidad de reconocer el trabajo sexual como lo que es: un trabajo, así como luchar contra la discriminación y el estigma.
El recuerdo del inolvidable y querido compañero Jaime Montejo estuvo presente todo el tiempo. ¡Jaime vive y la lucha sigue!
Con información de: www.proceso.com.mx
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