Opinion

Mantener delincuentes con dinero público es corrupción

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Por: Pedro Torres Estrada

El jueves 9 de junio de 2022 en la página oficial del Gobierno del Estado se publicó un comunicado con el siguiente encabezado: “Solo juntas podemos ser más fuertes que cualquier violencia: Maru Campos”.

En el cuerpo del comunicado se establece que “Durante estos primeros meses de Gobierno se ha buscado trabajar solidariamente a favor de las mujeres, con la intención de resarcir la deuda histórica que se tiene con ellas y con esto ofrecerles la oportunidad de poder vivir, crecer y trabajar en paz, oportunidad que les ha sido negada por años.

“La protección de las mujeres ha sido prioritaria para el gobierno encabezado por Maru Campos, por ello, desde el inicio de la administración se han implementado cambios importantes para buscar la justicia a favor de quienes han sido víctimas, y dejar en claro que en Chihuahua nadie puede violentar a las mujeres y quedar impune: nadie puede ser indiferente al dolor y la vida de una hermana nuestra, puntualizó la Gobernadora Maru Campos.

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“Mujeres, necesitamos apoyarnos entre nosotras, pues solo juntas podemos ser más fuertes que cualquier violencia… Hoy Chihuahua cuenta con una Gobernadora que trabaja con y por las mujeres, pues ha quedado claro que nadie puede cuidar a una mujer mejor que otra mujer”.

El compromiso que hace la gobernadora María Eugenia Campos Galván es muy importante, porque efectivamente se debe saldar esa deuda histórica que se tiene con las mujeres en Chihuahua. Pero se requieren acciones, hechos, más que palabras, que dé cumplimiento a todo lo expresado.

Cómo es posible que, ante ese compromiso con las mujeres de Chihuahua, desde el Gobierno del Estado se patrocine con recursos públicos a un presunto delincuente, denunciado por su ex esposa Elvia Navejas Carranco por la comisión del delito de violencia familiar, denuncia presentada el 31 de agosto de 2022 ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género con el número único de caso 19-2022-19741.

Además de la denuncia ante las autoridades correspondientes, presentada en contra de Manuel Oswaldo (sic) Salvador Ang, propietario de los portales de internet La Opción ( laopcion.com.mx ) y El Bordo ( elbordo.com.mx ), al día siguiente Navejas publicó en su cuenta de Facebook: “Culpo de Cualquier cosa que me pase a Osbaldo Salvador Ang, director de La Opción de Chihuahua. Ayer lo denuncié ante la Fiscalía de la Mujer por violencia familiar, misma que ha ejercido en mi contra durante 34 años. Es violento, tiene armas de fuego y tengo miedo de que vaya a hacer actos de represalias en mi contra, pero ya estoy cansada de sus humillaciones, malos tratos y violencia”.

Mariela Salvador Navejas, quien se identifica como Mariela San en su página de Facebook, hija de ambos, publicó al respecto: “Cuentas conmigo mamá”, al tiempo que su hermando Jesús Salvador Navejas hizo lo propio y publicó: “No estás sola madre, estamos contigo”.

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Mariela había publicado con anterioridad lo siguiente, en la misma red social: “Toda la violencia que se ejerza contra una mujer, cualquiera que sea su tipo, es condenable; basta de violencia física, psicológica, sexual, emocional, económica y laboral. Los golpes físicos duelen, pero también aquellos que se disfrazan de engaños, discriminaciones, palabras denigrantes, humillaciones y hostigamientos”.

En otra publicación, respecto de Osbaldo Salvador Ang, entre otras cosas, menciona: “…lo único que quiere es molestar y que mi mamá se quede sin ingresos económicos, ejerciendo así una vez más violencia económica y psicológica. De verdad que nosotros, hablando por mi mamá, mi hermano y yo, lo único que queremos es seguir con nuestras vidas después de todo el daño que hemos sufrido consecuencia de sus malos tratos. Me tengo que ver en la penosa necesidad de publicarlo en esta red social porque es la única manera que tengo de proteger a mi familia”.

No es la única forma. La ley tipifica las acciones cometidas por Salvador Ang como un delito y las autoridades de la Fiscalía deben dar seguimiento puntual y de manera inmediata a la denuncia presentada por Elvia Navejas Carranco, ofrecer a ella y a sus hijos medidas cautelares para protegerlas del riesgo que representa Osbaldo Salvador Ang, y sancionar el delito cometido. Se trata de un delito que se persigue de oficio, de acuerdo con el Código Penal vigente en el estado de Chihuahua, que establece que a quien lo cometa “se le impondrá de uno a cinco años de prisión y, en su caso, prohibición de acudir o residir en lugar determinado o tratamiento psicológico, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito”.

En cuanto a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, debe hacer honor a sus expresiones para hacer realidad que “en Chihuahua nadie puede violentar a las mujeres y quedar impune”. La denuncia fue presentada desde agosto y no hay señales de que se le haya dado seguimiento, esto de acuerdo con las publicaciones de la hija de Salvador Ang en redes sociales, en las que manifiesta que el aludido continúa actuando de manera impune “ejerciendo así una vez más violencia económica y psicológica”.

Además, corresponde a la mandataria estatal analizar la posibilidad de cancelar los contratos que tiene su gobierno con Salvador Ang, el cual, de acuerdo con informes de la propia administración estatal, recibe al menos 3 millones de pesos anuales provenientes de recursos públicos. Es inmoral, desde cualquier punto de vista, patrocinar con dinero del pueblo a un delincuente.

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Campos Galván lo dijo claro: “nadie puede ser indiferente al dolor y la vida de una hermana nuestra”. Por ello el llamado a la gobernadora a no permanecer impasible ante los hechos antes descritos, porque más allá de las implicaciones morales, favorecer al responsable de la comisión de un delito tan grave proporcionándole los medios para continuar cometiendo ese delito, es corrupción.

 

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