Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 13 de abril del 2023.- Integrantes de la organización “Sí por México” presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento “Amicus Curiea” el cual esta respaldado por más de 2 mil firmas de ciudadanos de la ciudad de Chihuahua que manifestaron su oposición al denominado “Plan B”.
Dicho documento se encuentra compuesto por cuatro ejes en los cuales los integrantes de “Sí por México” aseguró que el Plan B de la Reforma Electoral promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha trastocado los derechos civiles electorales.
En este sentido, Carlos Reyes López detalló que la violación al proceso legislativo desde que recien se presenta la Reforma a la Ley Electoral, desde el punto de vista constitucional y que fue rechazada por los diputados, para dar paso al famoso “Plan B”, con el cual se transtoca también el proceso legislativo, se violenta y desde el punto de vista constitucional es una falta grave.
“Sí nosotros nos enfocaramos unicamente a esto de que no se respeto el proceso legislativo, es una razón suficiente para que todo el contenido del Plan B quede anulado, sin embargo, nos enfocamos a señalar otros temas donde se han trastocado los derechos ciudadanos en función de los procesos políticos-electorales hacia los ciudadanos”, refirió Reyes López.
Además de la violación a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) donde se le da atribuciones que no le corresponden a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) por tratarse de un ente del ejecutivo federal, la Constitución señala que, el INE es un instituto nacional autonomo, por lo tanto ningún ente del ejecutivo federal pueden intervenir en la organización y calificación de los procesos electorales.
Con estas atribuciones que dan a la SER se da una intervención del ejecutivo federal, además de intervenir en la actualización del padrón electoral, lo que logicamente el INE ha tenido un alto nivel de credibilidad en su integración, por lo que la interveción de un ente federal se traduciría en una amenaza para que el padrón fuese adulterado.
El tercer eje, es la violación a la independencia en el poder de decisión del INE, hablamos de la integración del padrón del voto, no la garantía del voto de los mexicanos en el extranjero, ya que se le da una atribución particular a la SRE, donde se le marca la palabra “validar” que en terminos de actualizar el padrón, parecería que esta daría la ultima palabra al registro de un ciudadano tendría el riesgo de no ser respetada su identidad ó bien que los datos que él proporcione ante una oficina de Relaciones Exteriores pueda ser utilizada por otro tipo de actos, incluso algún tipo de presión por parte del Ejecutivo Federal en cuanto a la individualidad. Aquí es de acotar la palabra de “validar” a la SRE para decir quien sí y quien no podría votar en el exterior.
Otro de los ejes es el modelo de comunicación político electoral, también se le da un sello totalmente distinto a lo que hay en la ley actual, es decir que, desde el sector gubernamental se le quitan candados a los funcionarios públicos para que puedan hacer expresiones, es decir que desde el sector gubernamental se le “quitan candados” a los funcionarios públicos para que puedan hacer expresiones de comunicación durante los procesos electorales.
Esto se traduce que si las dependencias de gobierno en funciones y sus funcionarios empiezan a emitir propaganda que, de una manera promueva o descalifique a candidatos y partidos durante la contienda electoral, deja una condición de inequidad que le se adhiere al proceso.
Finalmente, Reyes González refirió que dentro del último eje es el “debilitamiento de la estructura del INE, en cuanto a que se le quita personal profesional-electoral, con lo cual se entra en un alto riesgo de que los procesos electorales no sean organizados de la manera profesional, ya estamos acostumbrados y al quitar ese personal se disminuye de una manera preocupante la capacidad de organizar las elecciones y el seguimiento del conteo.
