Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 7 de diciembre del 2023.- Adrián LeBarón, Bryan LeBarón y Cecilia Patricia Flores, madre buscadora de Sonora, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por probable delito contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras instituciones, que han ocasionado un subregistro de muertos y desaparecidos en el país.
Aseguran que el gobierno federal ha mentido respecto al número de muertos que tiene registrados y los que ocurren en los hechos. “El crimen mata una vez, pero el gobierno, enseguida, los desaparece ?de los registros ?, lo cual es un segundo crimen”, lamentó Bryan LeBarón. Y aseguró que la única estrategia efectiva hasta este momento es la de desaparecer a las víctimas:
“Las cifras que denunciamos y que son falsas, son las que ocupa el gobierno todos los días para tomar las decisiones en materia de seguridad, lo cual agrava el escenario. Alguien engaña al presidente, o el presidente intenta engañarnos”, expresó.
En la denuncia proporcionada a Proceso se indica que los hechos señalados se basan en los informes rendidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, por lo que pidieron que sean solicitadas a las autoridades correspondientes todas las actuaciones, con el fin de allegarse de elementos para poder dar con la verdad y ser integrados como dato de prueba en la carpeta de investigación.
Indica que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, publica datos de incidencia delictiva diaria mediante la página oficial y todos los días actualiza la plataforma que registra los índices de homicidios, robo de autos y desvío de hidrocarburos a nivel nacional. Siendo la de mayor interés la de homicidios, pues la estadística es utilizada para tomar las decisiones “táctico / estratégicas” en materia de seguridad, según la plataforma: http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/
“Esta información es actualizada y publicada día a día, haciéndose un contraste de la estadística reportada por las distintas instituciones federales, estatales y municipales, y las cifras reportadas por medios de comunicación, que contribuya a identificar delitos no reportados formalmente. Sin embargo, dichas cifras muestran una constante, notoria y relevante disminución, que no puede ser atribuida a la falta de información, pues en los casos que aquí se señalan como evidencia resultan de tal exposición mediática y social que su conocimiento es de dominio público”.
Para efecto de ilustrar lo anterior, en la denuncia enumeraron varios casos que pueden ser consultados en bases abiertas por ser hechos notorios y contrastados con la estadística emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumpliendo con su deber de operar el Sistema Nacional de Información:
Referente a la masacre de la familia LeBarón ocurrida el 4 de noviembre de 2019, solamente en el municipio de Bavispe, Sonora, ocurrió el asesinato de 6 niños y 3 mujeres, sin embargo, el sistema sólo reporta 5 muertos en todo el estado de Sonora; suponiendo que nadie más haya sido asesinado en el estado, no se registraron 4 víctimas, aun y cuando se trató de un hecho social y mediáticamente conocido, nacional e internacionalmente. Lo que deja ver una evidente intención de manipular las estadísticas.
Durante el conocido “Culiacanazo”, ocurrido el 17 de octubre de 2019, púbicamente se tuvo conocimiento de ocho asesinatos, sin embargo el gobierno mexicano reportó tres y los medios de comunicación cuatro.
El 16 de julio de 2021, en un departamento ubicado en la ciudad de Tijuana, ocurrieron cuatro asesinatos de los que oficialmente sólo existe uno y los medios de comunicación reportaron siete. En Baja California, el 23 de julio de 2021 se tuvo conocimiento de 9 asesinatos, mientras que el gobierno federal registra 3 y los medios de comunicación ocho. En Reynosa, Tamaulipas, se conoció que el 29 de junio de 2021 se ejecutó a 19 personas, pero de nuevo, en este caso el gobierno federal sólo reconoce 10, igual que los difundidos por los medios de comunicación.
El 23 de mayo de 2022, en Celaya, Guanajuato, ocurrió una masacre de 11 personas, pero el gobierno federal sólo registró 9, lo mismo que los medios de comunicación. En Zinapécuaro, el 27 de marzo de 2022, fueron asesinadas 20 personas, de las que el Estado reporta 11. A su vez, en el estado de Michoacán, el 27 de febrero de 2022, públicamente se conoce de 17 asesinatos, pero el gobierno reconoce 6 y los medios de comunicación coinciden con la cifra de 17. Durante el segundo “Culiacanazo” ocurrido el 3 de enero de 2023, públicamente se conocieron de 29 asesinatos, pero el gobierno federal reportó cero.
Y finalmente, la denuncia de los LeBarón, señala que el 27 de marzo de 2023 resultaron calcinados 39 migrantes dentro de un albergue del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, pero ilógicamente, dentro del registro nacional localizado en las páginas oficiales del gobierno federal, sólo contabiliza cinco, mientras que en medios de comunicación reportan también 39.
En la denuncia, señalan: “Nos encontramos ante un fenómeno similar en cuanto al subregistro de personas desaparecidas, pues en su primera aparición pública, después de que renunció a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), el 23 de agosto pasado, Karla Quintana confirmó que su salida se debió “por diferencias sustantivas, tanto de forma como por el objetivo”, del proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ya que, aseveró, “hay un riesgo real” de que se reduzcan la cifra de reportes, que actualmente es de 112 mil 989.
Ella, textualmente, señaló: “Siempre se ha dicho que la búsqueda es un asunto de Estado, y nadie está en contra de la actualización del registro. El problema radica en que este proceso no está siendo liderado por las autoridades especializadas y se añade la intención de este ejercicio, que no es actualizar la información, sino reducir la cifra de personas desaparecidas en este gobierno, lo cual es muy claro”, indicó.
“Lo anterior resulta relevante no sólo porque fue la extitular del organismo especializado en búsqueda de personas quien afirmó que existe una orden de crear un subregistro de víctimas, sino porque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (puede ser consultado aquí: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico) presenta la misma anomalía que con los homicidios, pues en casos que son de dominio público, ha resultado que no se encuentran contabilizadas las desapariciones, como es el caso de los 5 jóvenes desaparecidos el 12 de agosto de 2023 en Lagos de Moreno, Jalisco.
De ello, no se encuentra registro en el sistema de las desapariciones ni en la fecha de desaparición ni en subsecuentes, aun y cuando se realizaron denuncias, reportes de búsquedas, comunicados oficiales y hubo una gran movilidad social y mediática del caso. Lo mismo ocurre con el caso de 14 migrantes desaparecidos en el estado de Tlaxcala en fecha 5 de julio de 2023.
En la denuncia, señalan que corresponde a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, proporcionar al Sistema Nacional de Información las bases de datos correspondientes para su interconexión y consulta, de conformidad con esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.
En ese sentido, el Secretariado del Ejecutivo tiene la obligación de verificar que todo se lleve a cabalidad, conforme al artículo 18 de la Ley de Seguridad Pública, sin embargo, quienes tienen la obligación de enviar la información son, entre otras, las secretarías de seguridad, que en el caso en concreto es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y ha sido omisa en entregar información para crear una falsa expectativa de seguridad, lo que propicia, entre otras cuestiones, impunidad.
Explican que la naturaleza de este delito es formal, esto quiere decir que no necesariamente tiene un resultado material, basta con la simple omisión para configurarse el delito. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo, tiene la obligación de supervisar que todo se cumpla conforme a la norma; esto quiere decir que tiene la obligación de proteger tales bienes jurídicos, lo que hace que también sea responsable penalmente por comisión por omisión.
Respecto a la forma de intervención, señalan los denunciantes que es a título de autor, por lo que todos los delitos sólo pueden ser realizados por acción u omisión. En este caso fue una conducta típica de acción, actualizándose también el dolo, pues conoce que eso es una conducta que está prohibida en la norma, pero no le importa y quiere y acepta su realización.
