Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 27 de febrero del 2024.- El Campo de Golf Tangolunda, ubicado dentro del complejo turístico Bahías de Huatulco, quedó en medio de los diferendos que de manera pública han surgido entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego, en un embrollo jurídico y político que se complica cada vez más.
El dueño de Banco Azteca ha tenido la concesión del campo, pero esta asignación generó el rechazo de prestadores de servicios por el manejo que ha hecho del mismo, reveló Proceso en su edición semanal 2388 de agosto de 2022.
El lugar está ahora incluido en decretos para declararlo Área Natural Protegida (ANP) anunciados por el presidente, en respuesta a la negativa de Salinas de comprarlo al gobierno de la 4T.
Pero para los prestadores de servicios turísticos de la Bahía, estas decisiones de López Obrador amenazan con convertirse en el “tiro de gracia” al complejo, que fue creado por el propio gobierno federal en 1984 con la expropiación de casi 21 mil hectáreas, que se definieron como un Centro Integral Planeado para fundar un centro turístico de primer nivel.
Sobre todo, porque de acuerdo con información expuesta por diversas organizaciones de prestadores de servicios del ramo, el gobierno federal está desarticulando este desarrollo urbano con decretos que contienen imprecisiones, omisiones y datos falsos.
“Los decretos de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)… están rompiendo nuestra estructura urbana y poniendo en riesgo el tejido social de nuestra comunidad”, aseguraron empresarios y hoteleros en declaraciones a este medio.
Por ello, la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Turísticos de Bahías de Huatulco (Aprodit) interpuso el juicio de amparo indirecto número 484/2023 en el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Salina Cruz, por el cual impugnan los tres decretos presidenciales que declaran áreas naturales protegidas en tres polígonos que quedaron sobrepuestos sobre el Plan de Desarrollo Urbano de Bahías de Huatulco.
De igual forma, se interpuso el juicio de amparo administrativo número 477/2023 ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en que los prestadores argumentan que con los decretos “se pierde la certeza jurídica y de viabilidad económica de este polo de desarrollo turístico”, porque se revierte el uso de suelo que ya era urbano a forestal, “cancelando un proyecto en el que ya todos los pobladores, inversionistas y trabajadores decidieron vivir”.
