Foto: José Luis De La Cruz
Por Bernardo Barranco V.
Alguien le tiene que decir a los obispos que está muy cuestionada su iniciativa de movilizar a la población en torno a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Quieren salvar la vida de los no nacidos cuando no son capaces de proteger a los menores de los abusos sexuales que el propio clero comete. Pregonan proteger la vida de los no nacidos, cuando muchos depredadores clericales mancillan y destruyen la existencia de niños y niñas ante el amparo, el disimulo y la impunidad de esta jerarquía que ahora quiere dar lecciones de moralidad.
En el portal de la CEM apareció un artículo del respetable obispo Felipe Arismendi. Ahí cuestionó con cólera el fallo de la SCJN: “Nuevamente ha demostrado que no es de justicia, sino sólo de constitucionalidad, de legalidad; es decir, que sus decisiones no son para implantar justicia, sino sólo para declarar que las leyes o normas son o no, acordes con la Constitución. Eso, por tanto, significa que sus decisiones son sólo expresión de legalidad, no necesariamente de justicia. ¡Deberían cambiar el nombre de la Corte!”.
Con todo respeto le preguntaría, al señor obispo: ¿por qué la Iglesia católica en México no ha hecho justicia con las miles de víctimas de abuso sexual? Siendo el abuso sexual un crimen penado por las leyes seculares y por la propia Iglesia, por qué se sigue con la deplorable práctica de encubrimiento y complicidad hacia sus depredadores con sotana. Sigue la Iglesia sin ser sensible ni tener el enfoque en las víctimas. La doctrina Sergio Obeso se impone al haber sentenciado: “La ropa sucia se lava en casa”, así lo afirmó hace 20 años cuando empezaban los escándalos de pederastia clerical. No quiero aparecer como un talibán anticatólico, pero los hechos se imponen. Me pregunto: ¿tiene la Iglesia el peso moral para proclamar sus principios?
El 13 de septiembre de 2021 los obispos mexicanos convocaron para el 3 de octubre a una gran marcha bajo el provocador emblema de “por la mujer y por la vida”. En el texto señalan que la SCJN resolvió dos acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la despenalización del aborto y el derecho humano a la vida en el código penal de Coahuila y en la constitución de Sinaloa, y sentencian: “Ya nos hemos pronunciado al respecto. Ahora debemos estar abiertos a las acciones que conlleva nuestro pronunciamiento”. En una democracia moderna es plausible que se expresen todas las voces y me parece apropiado que los obispos manifiesten sus agravios y den una respuesta política, movilizando sus bases y feligresías para protestar. Sin embargo, contravienen en esta convocatoria el artículo 130 constitucional, en el inciso e, a la letra dice: “(Los ministros de culto) tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”. Siendo estrictos, los obispos están transgrediendo normas constitucionales que les prohíbe cuestionar, criticar y oponerse a leyes o instituciones del país.
¿Pero quién va a atreverse a hacer valer la ley ante el peso político de las Iglesias? Hay una tensión latente entre la libertad religiosa y la laicidad del Estado que deberá actualizarse. Es decir, a mayores libertades mejor laicidad. Una segunda observación de la convocatoria de la CEM es su deliberada poca claridad. Los obispos refieren la “despenalización del aborto”. Y no es correcto, los 10 magistrados votaron por la inconstitucionalidad de penalizar a una mujer por interrumpir el embarazo. A la SCJN no le corresponde legislar a favor del aborto sino a los congresos. Pero la narrativa de los obispos sobre la despenalización resulta más dramática y provocadora para congregar un gran sector de la población que se opone al aborto.
Con esta acción valiente de la Suprema Corte, los ministros suprimen la transgresión punitiva hacia las mujeres que por diversos motivos han interrumpido su embarazo. El Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) lleva la cuenta de miles de mujeres que han padecido sanciones, en diversos casos de hasta cinco años de prisión (https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/).
Otro factor que llama la atención de la convocatoria de la CEM para manifestarse en contra del fallo de la Suprema Corte es el perfil de las organizaciones manifestantes. El texto de los obispos dice: “Diversos laicos de distintas organizaciones sociales, católicos y no católicos, se han acercado a nosotros para proponer una presencia masiva en la Ciudad de México con el fin de manifestar el aprecio y la protección de la vida humana de la mujer y de su hijo en toda circunstancia”. ¿Qué debemos leer? que toda la fauna ProVida se hará presente. Que el Yunque además de haber ejercido alta presión entre los magistrados, como lo denunció el ministro presidente Arturo Zaldívar, va a movilizar las feligresías más conservadoras de México. Además se sumarán grupos evangélicos, operados por el PES, que tienen una amplia base social. La jerarquía se apoya en la ultraderecha sea del integrismo católico como del fundamentalismo pentecostal. ¡Qué honor! O ¿Qué horror? Con todos los escándalos de VOX en México, la jerarquía recurre a grupos homófonos, racistas, antinmigrantes, supremacistas, negacionistas, a antiderechos de las mujeres y propietarios de un catolicismo arcaico.
AMLO y la 4T tienen la convicción de que existe una crisis de valores en todos los estratos de la sociedad. El tejido social está profundamente dañado. Violencia, inseguridad y corrupción son reflejos de esta decadencia. Igualmente, en el ámbito público, hay una fractura entre los valores y la política, entre la ética y el poder. Para reconstruir el tejido social es necesario utilizar la reserva moral religiosa presente en las Iglesias. Sin embargo, olvida la 4T, la crisis de valores no sólo es secular, es también una debacle religiosa. Las Iglesias, en especial la católica, son igualmente responsables de la degradación de la crisis de principios y de la corrupción imperante en el país. Por ello, tampoco son una garantía absoluta de una renovación moral ni de fortalecer la ética en la sociedad. La objeción de conciencia amerita otro capítulo aparte.
La Iglesia católica envuelta en diversos escándalos de abusos, pederastia, corrupción y de poder ¿tendrá la autoridad moral suficiente para emprender una cruzada impetuosa contra el aborto?
Con información de: www.proceso.com.mx
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