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]]> Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 9 de agosto del 2023.- El martes 8 de agosto la ciudad de Chilpancingo amaneció con las calles vacías porque la mayoría de los transportistas volvió a resguardarse en sus casas, después de que la mañana del lunes mataron a otros tres choferes en la base de las camionetas Urvan de la ruta Mercado-Los Ángeles, al oriente de la capital estatal.

Con estos últimos conductores del transporte público ultimados suman 19 los asesinados en la zona Centro del estado, de acuerdo con un recuento de hechos en la zona Centro. La mayoría de las ejecuciones ocurrieron en Chilpancingo y Tixtla desde el 8 de julio pasado, cuando hombres armados recorrieron la ciudad e hicieron una especie de cacería de transportistas: mataron a cinco e incendiaron cuatro vehículos, en dos de ellos con los choferes en su interior.

Ese día es el punto de partida de ataques sistemáticos contra el transporte público y surgen en un contexto importante.

Dicho comienzo está contextualizado en un movimiento que incluyó el bloqueo de calles y avenidas en la ciudad por parte de transportistas del llamado Circuito Río Azul, que cubren la ruta que va y viene de Quechultenango, Mochitlán y Chilpancingo, en exigencia de la liberación de un par de supuestos líderes transportistas, detenidos con cartuchos de armas de fuego y supuestamente droga.

La protesta tuvo una extensión al lunes 10 de julio, con la irrupción de habitantes de llamado Circuito Azul, además de Chilapa, por la exigencia, ahora, de obra social.

Los dos hechos que dejan en medio el ataque a transportistas del 8 de julio, fueron catalogados por el gobierno federal como acciones del grupo criminal de Los Ardillos.

De acuerdo con la radiografía estatal, ese grupo criminal opera en los municipios de zona Centro, es decir, los de Circuito Azul y Chilapa.

Otro elemento que contextualiza los ataques contra los transportistas es la crisis que rodea a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, después de que fueron exhibidas imágenes de su reunión con uno de los presuntos líderes de Los Ardillos, originarios de Quechultenango, de nombre Celso Ortega Jiménez.

Durante esos tres días, del 8 al 10 de julio, Chilpancingo fue un terreno descampado porque los ataques a los transportistas impactaron de manera directa al gremio, y también inmoviliza una ciudad que necesita del transporte público para funcionar.

Para quienes tienen vehículo, el elemento inmovilizador también fue el miedo.

Hoy sólo algunas unidades, en particular taxis, que circularon por la ciudad. La razón principal fue un acuerdo entre los transportistas para exigir al gobierno estatal garantías de seguridad, explicaron algunos de los choferes. “Ya nos están pidiendo que paremos”, dice un taxista de una de las bases de las centrales de autobuses alrededor de las diez de la mañana.

Las zonas que más reúnen usuarios del transporte público son las paradas del centro de la ciudad y las del mercado Baltasar Leyva Mancilla. Hoy, los usuarios esperaban entre 40 minutos y una hora para abrazar la posibilidad de tomar una Urvan, pero las unidades eran insuficientes y caminaban para llegar a sus trabajos o regresar de ellos.

Chilpancingo es una ciudad burócrata y concentra a la mayoría de las facultades de la Universidad Autómoma de Guerrero (Uagro), que ahora están en receso, pero no todos los habitantes tienen esa posibilidad del descanso de verano.

La falta de taxis también causó el disparo en la tarifa. Por ejemplo, la cuota mínima por viaje de taxi es de 60 pesos, pero hoy fue de 80 o más. Al menos eso es lo que cobran los taxis de las centrales de autobuses.

El servicio de las camionetas Urvan estuvo más disminuido, hubo rutas completas que no funcionaron, por ejemplo la del Mercado-Los Ángeles que no opera desde ayer después del ataque.

Tampoco hay transporte público en las zonas que rodean el libramiento a Tixtla, área donde está ubicada la base atacada, como las que llegan a las colonias Indeco, Herradura y Trinchera.

Para las colonias populares de otros puntos tampoco hubo cobertura.

Las rutas foráneas que llegan a la ciudad por la parte sur no ingresaron, al parecer por temor; bajaron a los pasajeros en los límites con Petaquillas, cerca del cuartel de la Guardia Nacional. Petaquillas es la puerta al denominado Circuito Azul.

El temor tampoco era figurado si se considera que el lunes por la noche, después del ataque, aparecieron colgadas unas lonas desde puentes peatonales del bulevar Vicente Guerrero, firmadas por el grupo criminal Los Tlacos, donde advertían que comenzarían a actuar si las acciones del gobierno no frenaban a Los Ardillos.

Escribieron que, por cada vehículo del transporte público quemado, ellos incendiarían 10. El lunes también destruyeron una Urvan.

“(…) Y a todos los que apoyan a Los Ardillos más vale que se vallan para sus lugares por qué ahora sí vamos a limpiar de puercos mata inocentes con nosotros el pueblo está tranquilo y limpio pero al gobierno ya vimos que no le importa eso ni que se desate la guerra pero nosotros si cuidamos al pueblo (sic)».

En este acecho está la capital del estado de Guerrero.

Un boxeador y un abuelo, entre las víctimas

Jhon Alexander Flores García, de 19 años, fue campeón estatal de boxeo durante dos años seguidos, 2021 y 2022.

Entre sus compañeros transportistas pocos sabían que había representado a Guerrero en los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Para mantenerse, el joven trabajaba como chofer de Urvan del transporte público de la Ruta Mercado-Los Ángeles. El lunes último fue a trabajar la unidad, pero alrededor de las nueve de la mañana lo mataron a él y a otros dos de sus compañeros cuando esperaban turno en la base.

Fue poco después que se supo de la formación boxística del joven transportista cuando la Asociación de Boxeo del Estado de Guerrero circuló una esquela donde lamentaba el asesinato de Jhon Alexander.

Otra víctima: Félix Alonso solía estacionarse en el taxi número 469 que manejaba desde hace nueve años afuera de la tienda de autoservicios que está cerca del punto conocido como Jacarandas, al sur de la ciudad.

Su jornada de todos los días era levantarse poco después de las cinco de la mañana, prepararse y salir a las seis de casa para comenzar a trabajar el taxi. Siempre volvía antes de las siete de la mañana para llevar a una de sus nietas a la secundaria.

Su única hija, Dulce Alonso, es madre de dos menores de edad, y él aportaba para la manutención de ambas. Todos, él, su esposa, su hija y sus dos nietas vivían juntos en su casa de la colonia del PRI.

El sábado 8 de julio salió a trabajar el taxi. Una de sus nietas le llamó entre tres y cuatro de la tarde para que regresara a casa a comer, pero, como siempre, no atendió pronto el teléfono.

Dulce salió de casa a las seis de la tarde y se lo topó cerca del puente conocido como El Capricho, Félix le dijo que antes de regresar guardaría el taxi porque tenía miedo que lo quemaran si lo estacionaba afuera de su domicilio. Para esa hora ya se sabía de los ataques contra taxistas.

Más tarde su prima le escribió a un mensaje: ‘¿Mi tío está bien?’. Vio un video en redes del taxi 469 incendiándose.

Félix Alonso fue herido el día del ataque contra los taxistas. Murió más tarde en un hospital, tenía 60 años y 20 como transportista. Nunca tuvo un taxi propio; siempre fue empleado.

Con información de Proceso.

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]]> Ardillos y Tlacos se matan por un botín: Chilpancingo https://jrznews.com/2023/08/ardillos-y-tlacos-se-matan-por-un-botin-chilpancingo/ Fri, 04 Aug 2023 15:31:54 +0000 https://jrznews.com/?p=168023 Por: La Redacción. Ciudad de México., a 4 de agosto del 2023.- La escena de horror de siete cuerpos cercenados en el centro de Chilpancingo y un mensaje para la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, anunciaron el fin de la pax narca en la capital de Guerrero. Y evidenciaron la cercanía entre políticos y grupos criminales. La […]

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]]> Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 4 de agosto del 2023.- La escena de horror de siete cuerpos cercenados en el centro de Chilpancingo y un mensaje para la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, anunciaron el fin de la pax narca en la capital de Guerrero. Y evidenciaron la cercanía entre políticos y grupos criminales.

La crisis en Chilpancingo por la guerra entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, con la autoridad municipal como epicentro, se gestó en cuatro puntos de conflictos alrededor del municipio, explica el investigador Chris Kyle, de la Universidad de Birmingham, Alabama, quien desde hace 15 años sigue la violencia criminal en la zona Centro del estado.

La banda de Los Ardillos fue fundada en Quechultenango, según fuentes de seguridad, por Celso Ortega Rosas, “La Ardilla”, asesinado el 26 de enero de 2011. El grupo quedó en manos de sus hijos, Celso, Iván y Antonio Ortega Jiménez.

El 8 de mayo de 2017 se conformó la Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo, liderada por el extinto Humberto Moreno Catalán, Onésimo Marquina Chapa y Salvador Alanís Trujillo, para enfrentar al Cártel del Sur. Después de haber desplazado a este último surgió el grupo Los Tlacos.

Un primer punto de conflicto entre ambos, dice Chris Kyle, se dio cuando Los Ardillos consolidaron su control sobre Quechultenango, de 2008 a 2011.

Después surgió en Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango), una zona disputada entre Los Tlacos y el Cártel del Sur, más otras células delictivas en la sierra, que involucró el control de la amapola hasta antes de 2017 y los negocios alrededor de las minas de oro, con lapsos de violencia de 2010 a 2011, 2015 a 2021 y 2022 a la fecha.

Una tercera confrontación se dio con la expansión de Los Ardillos a Chilapa y Zitlala de 2014 a 2020, y la cuarta con la lucha por el control del Valle de Ocotito, que inició en 2011 y continúa.

Finalmente, el conflicto entre Ardillos y Tlacos se concentró en Chilpancingo, donde existía una frágil tregua que se remonta al desplazamiento del Cártel del Sur en 2019.

“En parte implica una división de los derechos de extorsión en diferentes industrias. Esto se desestabilizó el verano pasado, en la guerra de corta duración por la distribución y venta del pollo. Pero ahora algo ha alterado las cosas”, indica el investigador.

Para Kyle, autor del libro Feeding Chilapa: The Birth, Life and Death of a Mexican Region (Alimentando Chilapa: nacimiento, vida y muerte de una región mexicana, University of Oklahoma Press, 2022), las relaciones entre los grupos criminales y autoridades siempre han sido las mismas:

“Los funcionarios políticos de todos los niveles quieren tres cosas. En orden de prioridad: ganar elecciones o nombramientos para cargos públicos; mantenerse con vida (y mantener con vida a sus familias) y mantener el nivel de violencia en la comunidad producido por la competencia entre grupos criminales lo más bajo posible mientras se cumplen los primeros puntos”.

Los funcionarios, enfatiza, toleran la competencia entre grupos criminales cuando los niveles de violencia se mantienen por debajo de los niveles “extremos”.

“El umbral de tolerancia es probablemente más bajo en Chilpancingo que en cualquier otro lugar, debido a que tiene una clase media grande y una gran cantidad de profesionales, incluidos los políticos. Pero el nivel actual de violencia está debajo de lo que se necesitaría para provocar una respuesta significativa de autoridades estatales o federales”, advierte.

Mensajes ominosos

A la desaparición, el 9 de junio, de tres integrantes de una familia, una menor de edad y otros tres hombres y el posterior hallazgo de sus cuerpos, le antecede el homicidio del médico Miguel Ángel Casarrubias, director del Centro de Salud de Quechultenango.

El crimen se lo adjudicaron cuatro de los hombres que aparecieron sometidos en videos filtrados a los medios el 15 y 19 de junio:

“Asesinamos al doctor (cerca) de Aurrerá porque curaba a los enfermos de Los Ardillos, nos mandó ‘El Uno’, por mando de Jesús Baltazar Moreno, alias ‘El M’”, de Corral de Piedra, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).

Vino el hallazgo, la madrugada del 24 de junio, de los siete cadáveres con un mensaje hacia la alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández, para recordarle que estaba pendiente un segundo desayuno, así como para su síndico Andrei Marmolejo, al que acusaron de presionar a comerciantes para dar cuotas a Los Tlacos.

Chris Kyle reflexiona que el choque entre estos grupos criminales puede estar relacionado con la agitación de Los Tlacos generada por la Familia Michoacana en la región Norte, donde le disputa dominios.

Pero tampoco ve que Los Ardillos quieran provocar “una guerra total” por Chilpancingo, porque eso llamaría demasiada atención de las fuerzas de seguridad federales, además de que tendrían que redirigir gastos significativos a armas y entrenamiento. “Parece que están reaccionando a las violaciones de un acuerdo”, dice el experto.

El 5 de julio salieron a la luz fotos y un audio donde la edil morenista ofrece ayuda a un sujeto que ha sido identificado líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez. En otra filtración del encuentro, en un restaurante, la alcaldesa platica estrategias de seguridad del gobierno estatal y federal de las que se dice excluida.

La presidenta municipal y el síndico ya fueron interrogados por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las diligencias de la carpeta de investigación FED/GRO/CHILP/0000617/2023.

El mismo miércoles 5, la policía estatal detuvo y puso a disposición de la FGR a Jesús Echeverría, «El Topo», presunto jefe de plaza en el Valle del Ocotito, junto a un presunto cómplice de nombre Bernardo Chávez, ambos vinculados a proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos exclusivos del Ejército.

La detención desató manifestaciones de transportistas, pero también una serie de ataques a partir de la medianoche del viernes 7 contra unidades de las rutas de influencia de Los Ardillos y luego contra taxistas de la capital. Al menos seis choferes fueron asesinados, tres de ellos calcinados dentro de sus unidades.

El sábado 8 de julio, Chilpancingo vivió escenas semejantes a las de una guerra civil. Taxis y autos particulares consumiéndose en llamas, patrullas y ambulancias con torretas en todas direcciones, helicópteros, choferes baleados y sangrando por las calles.

Tumultos de gente en las combis y en las redes sociales reportes de ataques que parecían no tener fin.

“Te dejo hasta (la tienda) Liverpool y me echo de reversa. Ya quemaron a dos compas en Tixtla. A otro lo tablearon por Petaquillas, le quitaron su taxi y regresó caminando.

“Si quieren llamar la atención que sólo quemen los taxis. Si nos dicen que no circulemos, no lo hacemos, entendemos, pero por qué nos matan. Solo llevamos de comer a nuestras casas”, dijo a este reportero un chofer a las tres de la tarde, a media jornada de terror.

La presión fue llevada al límite el siguiente lunes, cuando la base social de Los Ardillos irrumpió en la capital y doblegó a las fuerzas del gobierno estatal y federal.

Los 300 policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional fueron arrollados y humillados por la furia enardecida de tres mil campesinos armados con piedras, palos y machetes.

Los flamantes vehículos Black Mamba de la Policía Estatal recibieron disparos de arma de fuego. A uno de ellos le dejaron pegadas las llaves y fue exhibido como trofeo.

Obligadas y con una gobernadora ausente, al siguiente día las autoridades cedieron la construcción de caminos y seguridad a rutas de transporte a cambio de que liberaran a 13 agentes y funcionarios retenidos.

 

Con información de Proceso.

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