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]]>Ciudad de México., a 23 de marzo del 2024.- A tres décadas de la muerte de Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República (FGR) sigue fracasando en encontrar la verdad sobre quién mató y, sobre todo, por qué al excandidato presidencial por el PRI aquel 23 de marzo de 1994.
En febrero de 2004, previo al décimo aniversario de la muerte de Colosio, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se opuso a la posibilidad de dar carpetazo al caso.
“Yo no quisiera que se le diera carpetazo a este asunto y que llegáramos a la conclusión de siempre, que cuando se trata de crímenes de Estado nunca se conoce el móvil y nunca se sabe de los autores intelectuales”, señaló en conferencia de prensa.
Hoy, 20 años después de esas declaraciones, su administración no ha logrado dar con los autores intelectuales del crimen, Mario Aburto, único sentenciado por el caso, busca no sólo recuperar su libertad sino ser declarado inocente y reclamar al Estado por los actos de tortura que, afirma, sufrió.
Cinco fiscales han pasado por el caso durante estos 30 años y ninguno de ellos pudo sustentar en tribunales, todavía, la teoría del segundo tirador ni la existencia de un complot en contra de Colosio.
La actual fiscalía buscó aferrarse a la teoría del segundo tirador, pero en enero pasado recibió un revés luego de que el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, rechazó librar una orden de aprehensión contra Jorge Antonio “S”, exagente del CISEN asignado a cubrir al excandidato, a quien la FGR señala de acordar con Aburto el homicidio de Colosio basándose en el testimonio de una mujer que, según concluyó el juzgador, no es fiable porque modificó sus dichos 25 años después.
En su momento, la FGR reprochó la decisión del juez, pues afirmó que no sólo contaba con ese testimonio sino también con la prueba de rodizonato de Jorge Antonio “S” para acreditar que disparó un arma en las mismas fechas en las que se encontraba en Lomas Taurinas, Tijuana. Sin embargo, no precisó si existen evidencias de que esa arma fue disparada específicamente contra Colosio.
Apenas ocurrió el homicidio de Luis Donaldo Colosio y el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari ordenó la creación de la Fiscalía Especial para el caso por la que, hasta el año 2000, habían pasado cuatro fiscales que intentaron, sin éxito, llegar a una verdad convincente.
El primero de ellos fue Miguel Montes García (fallecido en septiembre de 2020), a petición expresa de la viuda de Colosio, Diana Laura Riojas, y concluyó su gestión a mediados de julio de 1994 señalando a Mario Aburto como el único autor material e intelectual del homicidio del excandidato. Ello, pese a que inicialmente Montes García presentó la teoría de un complot y el segundo tirador.
Luego de dejar la investigación le sustituyó Olga Islas, quien permaneció al frente del caso hasta noviembre de 1994, cuando consignó la averiguación previa contra Aburto con la que fue condenado a 45 años de cárcel.
Olga Islas. Dejó el caso en 1994. Foto: Archivo Proceso.
Posteriormente fue designado Pablo Chapa Bezanilla, quien intentó retomar la teoría del segundo tirador.
Por ello fue detenido Othón Cortez, chofer del CEN del PRI en Baja California, supuesto “segundo tirador”, quien fue exculpado por el entonces juez federal y hoy ministro de la Corte Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En 2019, Cortez dijo que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar el pago de daños y que el gobierno mexicano le pida perdón, pues considera que su vida quedó destruida luego de ser señalado como el segundo homicida de Colosio.
Chapa Bezanilla salió de la PGR luego del escándalo de la vidente consultada por la institución para esclarecer el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, exsecretario general del PRI, ocurrido poco tiempo después del homicidio de Colosio.
Fue así como el cuarto fiscal llegó al caso, Luis Raúl González Pérez, en septiembre de 1996 quien, según afirmó en marzo de 2014 a través de su columna para el diario Milenio, encontró el expediente inmerso en investigaciones contradictorias.
Por ello, la gestión del exombudsman nacional se dedicó a reconstruir la investigación paso a paso agrupando temáticamente las dudas en torno a la muerte del excandidato.
Así, inició 22 líneas de investigación en las que fueron analizados momento y circunstancias; atención médica, intervenciones quirúrgicas y necropsia; videos del mitin, circunstancias sobre el sonido del momento del atentado; transformación posterior de Lomas Taurinas; homicidios presuntamente vinculados al caso; versiones de personas que dijeron haber tenido información previa del atentado; identidad, interrogatorios, traslados, custodia y supuesta tortura de Mario Aburto; cuerpos que participaron en la seguridad; antecedentes del arma utilizada en el ataque; entorno político en que se desarrolló la campaña electoral y versiones sobre la posible participación del narcotráfico en el homicidio.
Todo para determinar quiénes eran los autores materiales del atentado.
La investigación de González Pérez concluyó en el año 2000 confirmando que el autor material del caso fue Mario Aburto y que no hay evidencia de que actuó en conjunto con otros o que le ordenaran asesinar a Colosio.
Sin embargo, en esa única revelación que el exfiscal ha realizado sobre el caso señaló que su investigación no afirmó que se tratase de un asesino solitario sino que la PGR no tenía evidencia todavía de que existiera otro participante.
Por ello mantuvo la averiguación previa en reserva o en espera de mayores datos para justificar su reapertura o que hiciesen variar las conclusiones alcanzadas.
La reapertura de la investigación ocurrió hasta el año 2022, en esta administración, en la que el caso no ha avanzado y las posibilidades de encontrar la verdad se desvanecen cada vez más con el paso del tiempo.
El homicidio de Colosio ocurrió en marzo de 1994 y apenas nueve meses después, en diciembre de ese mismo año, un juez de procesos penales federales en el Estado de México dictó sentencia condenatoria en contra de Mario Aburto Martínez, hasta ahora el único detenido y sentenciado por este caso.
Aburto fue condenado a pasar 45 años en prisión con base en el delito de homicidio contemplado en el Código Penal Federal.
La investigación fue atraída casi de inmediato por la Procuraduría General de la República (PGR), que le fincó el homicidio contemplado en el Código Penal Federal bajo el argumento de que se dio una figura jurídica conocida como “concurso de delitos”, que establece que el ministerio público federal puede conocer de delitos locales cuando en un mismo evento se cometan delitos del fuero federal.
En el caso Aburto, la PGR argumentó que además del homicidio de Colosio cometió el delito de portación de arma de fuego sin licencia, mismo que es del fuero federal.
Asimismo indicó que debido a que Colosio era un candidato a la Presidencia de la República por el PRI, se debía considerar que Aburto cometió un delito electoral que, por su naturaleza, es de competencia federal, además de que el aspirante presidencial tenía la calidad de funcionario o empleado federal.
Finalmente, la PGR señaló que por razones de seguridad, Aburto debía ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social en Almoloya de Juárez debido al impacto del delito que cometió, por lo que al permanecer en un penal federal su caso era competencia de un juez del mismo fuero.
Sin hacer un desvanecimiento de pruebas ni afectar la declaratoria de culpabilidad de Aburto sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal declaró en octubre de 2023, es decir, 29 años después, que el juicio fue resuelto por un juez que no tenía competencia en el caso.
En el amparo directo número 104/2021 los magistrados consideraron que aunque la PGR sustentó adecuadamente la competencia para llevar a Aburto ante un juez federal, éste debió aplicar el Código Penal de Baja California, porque el hecho de que la ley otorgue la facultad al juzgador federal de resolver casos en los que existan delitos locales y federales al mismo tiempo, ello no implica que al momento de sancionar los ilícitos del fuero común ignore las leyes aplicables a los mismos y lo haga conforme al Código Penal Federal.
Es decir, que aunque el juez federal podía juzgar el caso, esto no significaba que el delito local, homicidio, podía convertirse también en uno federal sólo porque Aburto había cometido el delito federal de portación de arma de fuego sin licencia.
De este modo, el Colegiado abrió la puerta a que Aburto salga de la cárcel 15 años antes de lo previsto, sin embargo, gracias a una impugnación de la FGR el amparo permanece estancado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Gertz Manero. Actual fiscal general de la República. Foto: Octavio Gómez.
Allí, la ministra Margarita Ríos Farjat prevé desechar el recurso de la fiscalía para que el amparo de Aburto quede firme y pueda salir en las próximas semanas o meses, pues la Corte no tiene términos precisos para resolver los asuntos.
Proceso informó el pasado 13 de marzo que Arturo Ramón Robles Feria, defensor de Mario Aburto, comentó en entrevista que aunque logre liberar al único sentenciado por este caso antes de cumplir los 45 años en prisión, esto no significa que no insistirán en acreditar su inocencia.
Aburto está confeso del homicidio de Colosio, pero la principal arma que tiene hasta ahora para defenderse es el alegato de tortura, que ya fue avalado desde el año 2021 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que incluso dio cuenta de que las autoridades penitenciarias habían mantenido incomunicado a Aburto.
Conclusión de la CNDH
En su recomendación la CNDH concluyó que elementos de la entonces Policía Judicial Federal de la PGR y los agentes del Ministerio Público federal que intervinieron en la detención y las primeras diligencias de investigación y el traslado de Aburto al Cefereso del Altiplano incurrieron en actos de tortura, al igual que los custodios de dicho penal.
“Las nuevas consideraciones y hallazgos advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado.
“Esta nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas, y que el Estado responda por sus actos, no sólo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición, para que hechos de este tipo no vuelvan a suceder al margen de la protección y garantía de los derechos humanos de cualquier persona, con el fin de romper el círculo de impunidad e injusticia que por décadas ha lastimado a nuestro país”, recomendó la CNDH.
Fue así como la FGR inició una carpeta de investigación por estos hechos, pero en febrero pasado el organismo autorizó al ministerio público federal no proceder penalmente contra ningún exfuncionario denunciado, entre los que se encuentran Manlio Fabio Beltrones y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Contra esa autorización Aburto puede tramitar un amparo para intentar obligar a la FGR continuar con la investigación y lograr acreditar que fue torturado para confesar que mató a Colosio, lo que podría tambalear por completo el caso que ha sustentado la Fiscalía desde hace 30 años sin que, hasta el momento, cuente con un “plan B”.
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]]>The post Torpe y burda acción politiquera de MC al tratar de apropiarse de la figura de Colosio: Alex Domínguen first appeared on Juarez News.
]]>Chihuahua, Chih., a 23 de marzo del 2024.- El candidato por la alianza PAN-PRI-PRD al 8vo distrito federal en Chihuahua, Alex Domínguez, expresó su firme rechazo ante la modificación realizada al monumento de Luis Donaldo Colosio por parte de Movimiento Ciudadano, quienes lo pintaron de naranja.
Domínguez calificó esta acción como una «burda acción de politiquería eminentemente torpe», y criticó la tentativa de Movimiento Ciudadano de apropiarse de la figura de Colosio, sólo por el hecho de que uno sus militantes es hijo del político homenajeado. «Tratar de tomar esa bandera en Chihuahua me parece una ofensa, más que un agravio al PRI, es una ofensa a la familia, porque ni siquiera el hijo lo hace», expresó Domínguez.
El candidato enfatizó que la modificación del monumento a Colosio fue un acto carente de respeto y dignidad. «Lo hacemos porque Colosio fue nuestro dirigente, diputado, servidor público, fue candidato y lo recordamos con gusto y agrado. Las circunstancias de su homicidio tocan a la autoridad; nosotros hacemos un recordatorio del ideario de Luis Donaldo. Lo que pasó ayer fue un acto de politiquería pura que no merece mayor comentario», añadió Domínguez.
«Si quieren trascender en el escenario público, generen propuestas; si quieren trascender en la política, manténganse en propuestas claras, no en el vandalismo, no en la pandilla que se ha convertido en Parral, no en ese tipo de escenarios que ha caracterizado a Movimiento Ciudadano en Chihuahua», declaró Domínguez.
Asimismo, el candidato hizo un llamado a la prudencia, denunciando la falta de consideración de Movimiento Ciudadano al realizar la modificación del monumento. «Lo que pedimos es prudencia. Se comportaron como malandrines en la oscuridad al venir a pintar un monumento. Me parece que eso no es prudente. Los chihuahuenses merecen una política de altura, no una bajeza como la que ellos hicieron», concluyó Domínguez.
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]]>The post El segundo tirador contra Colosio, exagente del Cisen, con ligas con la 4T… y los Arellano first appeared on Juarez News.
]]>Ciudad de México., a 30 de enero del 2024.- Al menos 20 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia, el agente del hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, estuvo activo en ese cuerpo de seguridad y realizando tareas, siempre bajo la fachada de reportero. Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) señaló a este personaje como el segundo tirador en el magnicidio.
Aún más. La participación de Sánchez Ortega en Lomas Taurinas implicó a personas que actualmente están identificadas con Morena, el PT e, inclusive, con actividades delictivas, concretamente por presuntas relaciones con Genaro García Luna y el llamado Cartel de los Arellano Félix.
Proceso pudo confirmar que al menos hasta 2016, Sánchez Ortega formó parte del Cisen, de acuerdo con mandos de la hoy extinta institución consultados al respecto y que pidieron mantener su nombre bajo reserva.
Desde 2008 Proceso publicó que Sánchez Ortega fue enviado como agente a Coahuila, estado donde permaneció realizando tareas de investigación de campo hasta agosto de ese año, cuando fue desenmascarado en un reportaje publicado en la edición impresa 1659.
Dicho reportaje, titulado “De Lomas Taurinas a Saltillo”, fue publicado el 17 de agosto de 2008 y días después, el 22 de agosto, Proceso publicó una nota de seguimiento sobre Sánchez Ortega en la que se reveló la forma en que vigiló movimientos sociales y actividades partidistas o de organizaciones de defensa de derechos humanos: haciéndose pasar como reportero.
Entre quienes fueron investigados y vigilados por el entonces agente del Cisen destaca el exgobernador Humberto Moreira y su hermano, entonces líder del PRI estatal y hoy diputado federal, Rubén Moreira; y el obispo Raúl Vera López; asimismo, durante muchos meses logró obtener datos personales y ganarse la confianza, siempre como reportero, de las viudas de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos.
A ellas, las viudas, se aproximó inclusive ofreciéndose a realizar tareas domésticas. Según él les leía la mano y mientras lo hacía les preguntaba datos personales. Se familiarizaron tanto con él que inclusive estaba presente en reuniones donde decidían las acciones que habrían de emprender para exigir, en aquel tiempo, el rescate de los cuerpos de los mineros.
Luego de que la FGR retomara la teoría de un segundo tirador, el nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega ha vuelto a la discusión pública, pues el juez Jesús Alberto Chávez Hernández negó dictar orden de aprehensión contra el exagente.
La información fue dada a conocer este lunes 29 por el diario Reforma, lo que motivó un hilo de mensajes en la cuenta de X de la FGR, donde además de reprochar el fallo de juez Chávez Hernández, ofrece algunos detalles de la investigación y advierte que buscará apelar.
Entre los aspectos que destaca la FGR fue que el mencionado agente estuvo presente en el sector Lomas Taurinas, de Tijuana, el 23 de marzo de 1994, durante el ataque a tiros que sufrió el entonces candidato.
Además, se recuerda que había sangre de la víctima en su ropa y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, es decir, había disparado un arma de fuego.
En fotografías y videos de aquella fecha, Sánchez Ortega –por aquel tiempo con cierto parecido a quien se dijo era el tirador solitario, Mario Aburto– fue captado cerca del candidato y luego del ataque aparece manchado de sangre.
La FGR ha puesto sobre él la atención, destacando especialmente que en aquel tiempo, quien rescató a Sánchez Ortega del ministerio público y de un juez fue Genaro García Luna, quien se desempeñaba como subdirector operativo del Cisen.
“Jorge Antonio ‘S’ fue liberado en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro ‘G’, quien en ese momento era subdirector operativo del CISEN, y lo rescató en Tijuana. Las pruebas presentadas por la FGR demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el momento del crimen; en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima; y hay pruebas de que disparó un arma. Ninguna prueba de descargo lo ha podido favorecer”, expuso la FGR en un tuit.
El viraje de la FGR sobre el Caso Colosio ocurre a casi 30 años de los hechos de Lomas Taurinas y precisamente luego de que un tribunal colegiado, a principios de octubre pasado, cancelara la sentencia que se le impuso ordenando que el caso fuera procesado en el fuero común (Proceso 7 de octubre de 2023).
La libertad de Mario Aburto, a la luz de esa sentencia, podría darse a más tardar en marzo próximo, pues el Código Penal del Estado de Baja California contemplaba una pena de 30 años por homicidio calificado, los cuales se cumplen el 23 de marzo próximo.
Además, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Toluca, acreditó la existencia de numerosas violaciones al debido proceso en la persona de Mario Aburto.
Mientras eso ocurría, la FGR consignaba el expediente que acaba de ser resuelto por el juez Chávez Hernández y que ha dado pie a la polémica de esta semana.
Sánchez Ortega, el reportero
El historial de Jorge Antonio Sánchez Ortega como agente del Cisen es poco conocido y pocos, quizás sólo la comunidad de inteligencia mexicana y algunos sujetos de seguimiento personalizado que lo lleguen a reconocer podrían identificar dónde pasó el periodo de 1994 a 2006, cuando finalmente arribó a Coahuila, donde se hacía pasar por reportero.
Sólo en el informe que dio a conocer en el año 2000 el fiscal especial del caso, Luis Raúl González Pérez, expone que las circunstancias de la detención de Sánchez Ortega quedaron confusas debido a las contradicciones de los responsables del Cisen, quienes fueron modificando sus declaraciones ministeriales.
Entre otras inconsistencias, el propio Sánchez Ortega declaró inicialmente que se manchó de sangre cuando se aproximó a ver a Colosio, mientras Edmundo Salas Garza, entonces director de Investigación del Cisen, expresó que el sospechoso ayudó a subir a Colosio a la camioneta que lo trasladó al hospital.
Finalmente, Sánchez Ortega fue exculpado por la PGR y asignado a la delegación del Cisen en Sinaloa. Luego recibió capacitación y se le envió a otra delegación, pero lo regresaron a su estado para destinarlo a funciones administrativas (Proceso 1429).
En el libro “Informe de la Investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Posibles cómplices y encubridores”, editado por la PGR, se da cuenta de diferentes actuaciones y documentales de la investigación oficial.
Entre los datos relevantes para el momento se encuentran algunos antecedentes de Sánchez Ortega a partir de entrevistas, inclusive con el mismo agente, y entre la investigación destaca el hecho de que el 23 de marzo de 1994 estuviera en Lomas Taurinas con credencial de reportero.
Hacerse pasar por reportero era una práctica frecuente de los agentes del Cisen en las décadas de los noventa y los dos mil. La diferencia en este caso es que contaba con una acreditación firmada por un diario de Tijuana, donde supuestamente, en efecto, se desempeñó como reportero en 1988.
De acuerdo al mencionado libro, en declaración tomada al abogado Urbano Hernández Somero, éste fue amigo y compañero de estudios de Sánchez Ortega en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, entre 1981 y 1985.
Hernández Somero fue presidente de la sociedad de alumnos y en su planilla estaba quien a la postre sería agente del Cisen, con quien formó el “Grupo Universidad”. Dicho grupo participó activamente en la campaña de Xicoténcatl Leyva a la gubernatura de Baja California en 1985.
Por los años 1985-1988, Hernández Somero fue director del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA, antecedente de la Conade), donde tuvo como secretario particular a Sánchez Ortega, que se relacionó con el periodista Marco Antonio Romero Arizpe.
Romero Arizpe llegaría a la dirección de El Diario de Baja California, periódico editado por la razón social Compañía Periodística de Baja California.
Posteriormente regresó con su amigo Urbano Hernández, para trabajar en su despacho jurídico de abril de 1993 al 27 de septiembre del mismo año, como litigante. En octubre del mismo año, Sánchez Ortega ingresó al Cisen.
El libro consigna que la Policía Judicial Federal localizó y entrevistó a Marco Antonio Romero Arizpe, dejando asentado en actas del 16 de abril de 1997 que, en efecto, conoció a Sánchez Ortega por Urbano Hernández, quien se lo recomendó como “gente de confianza”, que le dio oportunidad de trabajar y le otorgó una credencial del periódico.
Luego, el mismo documento de la PGR publica el momento en el que Romero Arizpe supo de lo ocurrido en Lomas Taurinas:
“El señor Marco Antonio Blázquez fue quien le llamó por teléfono y le hizo mención de lo ocurrido en Lomas Taurinas y que al señor Jorge Antonio Sánchez Ortega lo habían detenido y portaba una credencial del periódico donde él era el director”.
Fue entonces cuando comentó que, en efecto, había trabajado como reportero y por eso traía la credencial.
Cruces de relaciones
La historia de Jorge Antonio Sánchez Ortega trae al presente el papel de personas que siguen vigentes en la vida pública, en tiempos de la autollamada “Cuarta Transformación”.
Por ejemplo, El Diario de Baja California era propiedad de Jaime Bonilla, el empresario de medios que llegó a gobernador por Morena, partido con el que rompió y ahora se presenta por el PT.
Marco Antonio Romero Arizpe, quien firmó la credencial de reportero que Sánchez Ortega usó para estar en Lomas Taurinas, fue regidor en Tijuana por Morena, electo para el periodo 2016-2019. Sin embargo, una votación con el PRI y el PAN para privatizar el alumbrado público del municipio motivó un proceso disciplinario que devino en su expulsión del partido guinda en 2017.
El amigo de juventud, empleador y quien lo recomendó inclusive para entrar al Cisen, Urbano Hernández Somero, ha sido vinculado al llamado Cartel de Tijuana desde hace al menos 18 años. En septiembre de 2006, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como prestanombres de Manuel Aguirre Galindo, a quien la misma dependencia identificaba como líder de la operación de lavado de dinero de la familia Arellano Félix, por lo que se le confiscaron bienes y congelaron cuentas en Estados Unidos.
Hernández Somero fue identificado en 2021 en la investigación periodística “El Cartel Aduanero”, por vender propiedades a personas relacionadas con la importación de autos chocolate sujeto a investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionados política y familiarmente con Ricardo Peralta, un activo funcionario y político de la 4T que inició el sexenio como director de Aduanas. Peralta fue un activo promotor de Jaime Bonilla.
Por cierto, entre los diferentes escándalos protagonizados por Jaime Bonilla como gobernador destaca el de su oficial mayor, Héctor Mares Cossío, quien fue vinculado al caso García Luna debido a una relación comercial con Grupo Gasmart, la empresa que ha sido identificada como una de las del exsecretario de Seguridad hoy preso en Estados Unidos. Mares fue asistente de Justo Ceja, secretario particular del presidente Carlos Salinas de Gortari, y actualmente es diputado federal de Morena por el sexto distrito en Tijuana.
Mares Cossío ha sido durante más de dos décadas el operador financiero de Jaime Bonilla y de hecho fue directivo de la cadena televisora Media Sports y aparece en una investigación en San Diego, debido a que siendo Bonilla el titular del Distrito de Agua del condado, en Otay, le asignó una consultoría por 437 mil dólares. (Véase reseña del libro “El impostor”, donde se menciona la consultoría y el caso de corrupción.)
Finalmente, Marco Antonio Blázquez, quien de acuerdo con los testimoniales del Caso Colosio avisó a Marco Antonio Romero Arizpe de la detención de Sánchez Ortega con la credencial del periódico de Bonilla, es diputado local en Baja California por el PT.
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