//ETOMIDETKA
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]]>Chihuahua, Chih., a 13 de abril del 2023.- Integrantes de la organización “Sí por México” presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento “Amicus Curiea” el cual esta respaldado por más de 2 mil firmas de ciudadanos de la ciudad de Chihuahua que manifestaron su oposición al denominado “Plan B”.
Dicho documento se encuentra compuesto por cuatro ejes en los cuales los integrantes de “Sí por México” aseguró que el Plan B de la Reforma Electoral promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha trastocado los derechos civiles electorales.
En este sentido, Carlos Reyes López detalló que la violación al proceso legislativo desde que recien se presenta la Reforma a la Ley Electoral, desde el punto de vista constitucional y que fue rechazada por los diputados, para dar paso al famoso “Plan B”, con el cual se transtoca también el proceso legislativo, se violenta y desde el punto de vista constitucional es una falta grave.
“Sí nosotros nos enfocaramos unicamente a esto de que no se respeto el proceso legislativo, es una razón suficiente para que todo el contenido del Plan B quede anulado, sin embargo, nos enfocamos a señalar otros temas donde se han trastocado los derechos ciudadanos en función de los procesos políticos-electorales hacia los ciudadanos”, refirió Reyes López.
Además de la violación a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) donde se le da atribuciones que no le corresponden a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) por tratarse de un ente del ejecutivo federal, la Constitución señala que, el INE es un instituto nacional autonomo, por lo tanto ningún ente del ejecutivo federal pueden intervenir en la organización y calificación de los procesos electorales.
Con estas atribuciones que dan a la SER se da una intervención del ejecutivo federal, además de intervenir en la actualización del padrón electoral, lo que logicamente el INE ha tenido un alto nivel de credibilidad en su integración, por lo que la interveción de un ente federal se traduciría en una amenaza para que el padrón fuese adulterado.
El tercer eje, es la violación a la independencia en el poder de decisión del INE, hablamos de la integración del padrón del voto, no la garantía del voto de los mexicanos en el extranjero, ya que se le da una atribución particular a la SRE, donde se le marca la palabra “validar” que en terminos de actualizar el padrón, parecería que esta daría la ultima palabra al registro de un ciudadano tendría el riesgo de no ser respetada su identidad ó bien que los datos que él proporcione ante una oficina de Relaciones Exteriores pueda ser utilizada por otro tipo de actos, incluso algún tipo de presión por parte del Ejecutivo Federal en cuanto a la individualidad. Aquí es de acotar la palabra de “validar” a la SRE para decir quien sí y quien no podría votar en el exterior.
Otro de los ejes es el modelo de comunicación político electoral, también se le da un sello totalmente distinto a lo que hay en la ley actual, es decir que, desde el sector gubernamental se le quitan candados a los funcionarios públicos para que puedan hacer expresiones, es decir que desde el sector gubernamental se le “quitan candados” a los funcionarios públicos para que puedan hacer expresiones de comunicación durante los procesos electorales.
Esto se traduce que si las dependencias de gobierno en funciones y sus funcionarios empiezan a emitir propaganda que, de una manera promueva o descalifique a candidatos y partidos durante la contienda electoral, deja una condición de inequidad que le se adhiere al proceso.
Finalmente, Reyes González refirió que dentro del último eje es el “debilitamiento de la estructura del INE, en cuanto a que se le quita personal profesional-electoral, con lo cual se entra en un alto riesgo de que los procesos electorales no sean organizados de la manera profesional, ya estamos acostumbrados y al quitar ese personal se disminuye de una manera preocupante la capacidad de organizar las elecciones y el seguimiento del conteo.
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]]>Ciudad de México., a 27 de marzo del 2023.- La Suprema Corte de Justicia ha admitido la controversia constitucional presentada por el INE en contra de la reforma electoral del Gobierno y ha concedido una suspensión para que las modificaciones legales no se apliquen hasta que los ministros resuelvan si son constitucionales o no.
Con esta decisión, el INE, órgano autónomo encargado de organizar y garantizar las elecciones en México, podrá conservar sus funciones y estructura institucional, y seguir operando como hasta antes de la aprobación del llamado “plan B” electoral.
La suspensión fue concedida por el ministro Javier Laynez, en cuya ponencia recayó el recurso promovido por el INE. El ministro ha dejado ver que, a su consideración, la reforma impulsada por el Gobierno puede suponer violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos. Su razonamiento arroja luz sobre el sentido en el que podría elaborar su proyecto de sentencia y hace tambalear una de las mayores apuestas legislativas de la Administración de Andrés Manuel López Obrador. La suspensión estará vigente el tiempo que tome la Corte para resolver la controversia constitucional.
“El ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto [de reforma] para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, ha anunciado la Corte este viernes. “Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”. El Supremo añade que ya en ocasiones anteriores ha resuelto “que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión, aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
Tanto la Consejería Jurídica del Ejecutivo como el Congreso pueden recurrir la suspensión ante la misma Corte, que resolverá el asunto a través de alguna de sus salas, un trámite que puede tomar varias semanas.
El INE impugnó el pasado 9 de marzo ante ante la Corte las reformas a cuatro leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. En el recurso, que fue turnado al ministro Laynez, el instituto pidió a los ministros del máximo tribunal que suspendiesen la aplicación de las reformas en tanto analizaban el fondo de la controversia constitucional, a fin de que se interrumpiesen sus efectos, “de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”. El INE ha advertido anteriormente de que la implementación del paquete electoral afecta de manera crítica sus funciones, pues significaría el despido de 6 mil funcionarios, casi la tercera parte de sus recursos humanos, además de que limita sus facultades de sanción a partidos políticos y funcionarios que hagan campaña fuera de tiempo y utilizando recursos públicos.
Previamente, el INE había promovido de 1 de febrero una primera impugnación contra contra los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también formaron parte del paquete electoral oficialista. Ese recurso fue turnado a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán.
Las reformas a esas seis leyes conforman el “plan B” electoral que fue impulsado por López Obrador y su partido, Morena, con el argumento de reducir los costos públicos del sistema de elecciones. Un paquete de reformas que, a decir de los críticos del Gobierno, en realidad busca “desmantelar” y controlar el aparato que organiza los comicios y emite los resultados de las votaciones, precisamente a un año de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y legislativas más grandes de la historia reciente de México.
Las resoluciones que ha emitido el poder Judicial respecto de algunas partes del “plan B” ya han acusado confrontaciones con Palacio Nacional. El caso más emblemático está relacionado con la destitución del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, cuyo cese estaba previsto en un artículo transitorio del decreto de reforma. El funcionario electoral presentó un recurso ante el Tribunal Electoral, que el pasado miércoles le dio la razón y ordenó inaplicar el transitorio, con el argumento de que no puede haber leyes privativas, es decir, que estén dirigidas a afectar a una persona en particular, caso de Jacobo. El tribunal también estableció que el nombramiento o destitución del secretario ejecutivo del INE es una facultad exclusiva del propio instituto electoral que no puede ser invadida por otros poderes. La Presidencia de la República había tachado de parcial a la magistrada que elaboró la sentencia, Janine Otálora, y había solicitado que no participara en la votación del asunto, lo que no fue acatado por el tribunal.
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